La violación sistemática del artículo 96 de la Ley 87‑0.
Por J. Luis Rojas
lrojas50@hotmail.com
Por más publicidad engañosa que difunda la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), las AFP no garantizan pensiones justas. Las cifras hablan por sí solas: en 2025 obtuvieron ganancias por RD$5,933 millones y destinaron RD$7,198 millones a gastos internos, elevando a RD$13,132 millones el costo social generado solo en ese año. Entre 2004 y 2025, ese costo acumulado asciende a RD$126,489 millones, aun cuando el sistema registró una rentabilidad financiera de 24.9%.
El nuevo informe elaborado por los catedráticos Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, su Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE), la Fundación Juan Bosch, el Proyecto +Derechos y la Coalición por la Seguridad Social Digna, desmonta con precisión quirúrgica la narrativa oficial que por años ha blindado el negocio de las AFP. Lo que revela no es un problema técnico: es un mecanismo de extracción de riqueza social disfrazado de sistema previsional.
Las AFP no solo han fallado en garantizar pensiones dignas; se han convertido en uno de los mecanismos más eficientes de transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los grupos económicos más poderosos del país. En pocas palabras, en la República Dominicana las Administradoras de Fondos de Pensiones operan como un negocio redondo que crece sin límites, mientras los trabajadores quedan condenados a recibir pensiones indignas, injustas e inhumanas.
La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) continúa actuando como un ente que, lejos de proteger al afiliado, termina legitimando prácticas discrecionales y altamente cuestionables. Resulta alarmante que la institución celebre como un logro que una proporción significativa de trabajadores apenas alcanzará pensiones inferiores al 30% de su salario, un nivel que contradice cualquier estándar internacional de suficiencia previsional. Esta narrativa oficial omite deliberadamente el costo social de un modelo que privilegia la rentabilidad empresarial por encima del bienestar colectivo.
No es casual que, solo en 2025, las AFP reportaran ganancias por RD$5,933 millones y gastos internos por RD$7,198 millones. Estas cifras elevan a RD$13,132 millones el costo social directo de un sistema que opera con una asimetría estructural: mientras los trabajadores asumen el riesgo y reciben pensiones insuficientes, las administradoras aseguran beneficios crecientes sin correlación con la calidad de las prestaciones. Este desequilibrio evidencia la urgencia de revisar el marco regulatorio y exigir una supervisión que responda al interés público, no a la complacencia institucional.
Entre 2004 y 2025, el costo social acumulado asciende a RD$126,489 millones. ¿Dónde está el beneficio social de semejante drenaje de recursos? Simplemente no existe. Este resultado no es un accidente, sino la consecuencia directa de un modelo diseñado no para garantizar pensiones dignas, sino para asegurar la acumulación de riqueza en manos de intermediarios financieros. Así lo demuestran Tavárez y Bosch en Radiografía de la Seguridad Social: Resultados y Costo Social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 2025, donde evidencian que el sistema opera bajo una lógica de extracción sistemática del ahorro de los trabajadores, sin que ello se traduzca en prestaciones proporcionales ni en un retorno social mínimamente justificable.
Un capitalismo previsional rentista, malicioso e hipócrita
Tras la Ley 13-20, los ingresos operacionales de las AFP crecieron sin sobresaltos hasta alcanzar RD$11,562 millones en 2025, gracias a un esquema de comisiones blindado, fijo y ajeno al desempeño real del sistema. No importa si las pensiones son miserables: las AFP siempre ganan.
El mercado previsional dominicano opera como un oligopolio evidente: cuatro AFP concentran el 95.4% de los ingresos y producen un índice Herfindahl-Hirschman de 2,426, una cifra que en cualquier evaluación técnica se clasificaría como altamente concentrada y, por tanto, incompatible con una competencia efectiva. Competencia no existe. Incentivos para mejorar, tampoco.
Este modelo no puede presentarse como capitalismo productivo y ético; es, en esencia, capitalismo parasitario y salvaje, un esquema de rentismo puro sostenido por una regulación diseñada a la medida de quienes se benefician del sistema. Y, además, profundamente hipócrita: acusa al Estado de ineficiencia mientras depende de él para garantizar la estabilidad, la obligatoriedad y la rentabilidad de su propio negocio.
Violación abierta a la Ley 87-01: los fondos no financian producción, financian privilegios
La Ley 87-01, en su artículo 96, es clara: los fondos de pensiones deben priorizar actividades productivas y generadoras de empleo. Pero la realidad es exactamente la contraria. Como plantean Tavárez y Bosch, más del 80% de los fondos se concentran en:
- Deuda pública, donde los trabajadores ponen el capital y luego pagan la deuda vía impuestos.
- Instrumentos financieros vinculados a grandes grupos económicos.
- Salvatajes de deuda disfrazados de inversiones.
- Fideicomisos, fondos de inversión e intermediación financiera.
- Construcción de plazas y edificios corporativos.
- Proyectos turísticos y eléctricos con ganancias extraordinarias y privilegios fiscale
En otras palabras: los fondos de los trabajadores no financian desarrollo; financian privilegios e incrementan las riquezas materiales del sector financiero dominicano.
El altísimo costo social generado por las AFP equivale a más de diez años de pensiones solidarias para al menos 2,000 personas; representa 31 veces el presupuesto del Sistema 9-1-1; y duplica el presupuesto combinado del Servicio Nacional de Salud y del Seguro Nacional de Salud. Estas comparaciones revelan con crudeza la magnitud del desbalance: mientras el país enfrenta necesidades urgentes en salud, protección social y servicios públicos esenciales, el sistema previsional continúa drenando recursos que deberían fortalecer el bienestar colectivo, no engrosar las ganancias de un modelo rentista.
En otras palabras: los fondos de los trabajadores no financian desarrollo; financian privilegios.
El altísimo costo social generado por las AFP equivale a más de diez años de pensiones solidarias para al menos 2,000 personas; representa 31 veces el presupuesto del Sistema 9-1-1; y duplica el presupuesto combinado del Servicio Nacional de Salud y del Seguro Nacional de Salud. Estas comparaciones revelan con crudeza la magnitud del desbalance: mientras el país enfrenta necesidades urgentes en salud, protección social y servicios públicos esenciales, el sistema previsional continúa drenando recursos que deberían fortalecer el bienestar colectivo, no engrosar las ganancias de un modelo rentista.
El caso César Iglesias: la prueba del saqueo
Según el Análisis de Ganancias y Costo Social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para el año 2025, en 2023 las AFP compraron masivamente acciones de la firma César Iglesias para salvar un vencimiento de deuda de un importante grupo financiero. Tres años más tarde, en marzo de 2026, esas acciones se vendían hasta 47% por debajo de su valor original.
El patrón es claro: las AFP privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Mientras tanto, los trabajadores reciben una rentabilidad real de apenas 5% y pensiones que no superarán el 30% de sus ingresos laborales.
La gran paradoja: eficiencia para el capital, fracaso para los afiliados
El informe de Tavárez y Bosch lo deja claro: el modelo de capitalización individual es altamente eficiente para generar ingresos y rentabilidad para las AFP, pero es un fracaso rotundo para garantizar pensiones dignas, justas y humanas.
Bajo la complacencia de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, las AFP han operado con una holgura regulatoria que les ha permitido exhibir rentabilidades financieras de 24.9% entre 2004 y 2025. Mientras tanto, los trabajadores reciben migajas.
Esta asimetría responde a un diseño institucional que privilegia la acumulación privada por encima del bienestar previsional, consolidando un sistema donde la rentabilidad empresarial crece de manera sostenida, pero las pensiones continúan siendo insuficientes e indignas.
En el contexto de las AFP, la riqueza fluye hacia arriba; la precariedad se queda abajo. Y lo más grave: el Estado —al que se acusa de ineficiente— termina siendo el garante del flujo circular de capitales mediante endeudamiento oneroso.
El sistema previsional privado funciona gracias al sacrificio de los trabajadores públicos y privados. La Cuenta de Capitalización Individual, donde se depositan los aportes del afiliado, no sirve y nunca proporcionará pensiones dignas.
Como señalan Tavárez y Bosch, la discusión sobre las AFP no es técnica: es ética, política y moral. Un sistema que produce ganancias extraordinarias para intermediarios y pensiones miserables para los trabajadores no es un sistema previsional: es un saqueo legalizado.
La sociedad dominicana merece un modelo que ponga la vida por encima del capital, la dignidad por encima del negocio y los derechos por encima de las comisiones.
El informe Análisis de Ganancias y Costo Social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para el año 2025 no deja espacio para la duda: el sistema de AFP funciona perfectamente… pero no para los trabajadores dominicanos.
Ojalá que el poder divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo despierte el entusiasmo y el sentido de responsabilidad de los miembros de la moribunda Comisión Bicameral que, en su momento, asumió la iniciativa de estudiar diversas propuestas de modificación a varios artículos de la Ley 87-01.
Si estos honorables legisladores desean comprender la magnitud de la angurria y de las malas prácticas que caracterizan el accionar de las AFP, deberían leer e interpretar con rigor los hallazgos del Análisis de Ganancias y Costo Social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante el año 2025, elaborado por los profesionales Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro.
A manera de colofón
Quizá lo que aún falta para que quienes administran los recursos del Estado —y para que la élite rentista dominicana que maneja, con calculada perversidad, los componentes esenciales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (pensiones, salud y riesgos laborales)— comprendan la magnitud del daño que provocan, sea exactamente el mismo empoderamiento, coraje y determinación que asumieron los ciudadanos retratados en las producciones de Netflix Niños de Plomo y Ciudad Tóxica.
En ambos casos, la fuerza organizada de la ciudadanía logró desmontar prácticas corporativas que, sin escrúpulos, devastaban vidas y territorios. Esa capacidad de indignación activa, de resistencia ética y de acción colectiva fue la que abrió paso a transformaciones reales.
Hoy, en la República Dominicana, se necesita esa misma energía: una ciudadanía consciente de su poder, capaz de exigir transparencia, justicia y dignidad; una ciudadanía que no se conforme con sobrevivir dentro de un sistema que debería protegerla, no explotarla.
Porque cuando la gente se levanta, cuando se une y se reconoce como protagonista de su propio destino, ningún entramado de intereses puede sostenerse. La historia —aquí y en cualquier parte del mundo— demuestra que la voluntad ciudadana, cuando se organiza, siempre termina imponiéndose.
Es tiempo de recordarlo. Es tiempo de actuar. Es tiempo de demostrarles a las élites política y empresarial que la seguridad social no es un instrumento para acumular riqueza, sino un derecho que debe proteger la vida y la dignidad de todos. Es tiempo de cambiarlo todo.