Por Paul J. Maldonado B.
Abogado
En el municipio de Haina se encuentra el llamado Centro Vacacional de Haina, actualmente utilizado por la Dirección General de Migración como centro de acopio para extranjeros en situación migratoria irregular. En este lugar se realizan las depuraciones correspondientes y, de ser necesario, se ejecutan las deportaciones fuera del territorio dominicano. Además, este centro también recibe a ciudadanos dominicanos repatriados desde el extranjero.
Es importante señalar que, sin importar el estatus migratorio de una persona, esta nunca pierde su calidad de ser humano ni sus derechos fundamentales, los cuales deben ser garantizados por el Estado que la retiene. Esto no implica que se deba permitir su permanencia ilegal, sino que durante todo el proceso se le debe asegurar un trato digno y conforme al marco de derechos humanos.
El Centro Vacacional de Haina ha sido objeto de múltiples críticas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de cientos, incluso miles, de ciudadanos extranjeros. Aunque es legítimo que un Estado ejerza su derecho soberano de repatriar a quienes no cumplen con los requisitos legales para residir en su territorio, esto debe hacerse respetando siempre la dignidad humana, lo que haría aun más soberana la deportación.
Por ello, proponemos la creación de la figura del Juez de las Deportaciones, quien tendría un rol activo en los centros de detención de migrantes en todo el país. Este juez estaría encargado de velar por el respeto al debido proceso y por los derechos fundamentales de cada persona retenida. A la vez, tendría la potestad legal de emitir órdenes de deportación en los casos que corresponda y así mismo, ordenar su libertad pura y simplemente cuando el ciudadano si cumple con los requisitos migratorios del país.
Este modelo ya funciona en otros países del hemisferio, donde todo extranjero detenido es presentado ante un juez de migratorio en un plazo de 24 a 48 horas de su detención. El juez evalúa su situación migratoria, y si la persona no cumple con los requisitos legales, se ordena su deportación inmediata, registrando sus datos y antecedentes. Si en cambio se determina que su detención fue injustificada, se ordena su liberación inmediata, figura que debería ser utilizada en nuestro país.
Actualmente, en República Dominicana no está claro si existe un sistema centralizado y organizado de archivo sobre las personas que son deportadas. La creación de este juez permitiría no solo fortalecer ese control, sino también garantizar que cada caso sea debidamente documentado, y que se conozca cuántas veces una persona ha sido detenida por Migración, teniendo una data migratoria importante.
Nuestro país enfrenta constantes señalamientos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos en materia migratoria. La implementación de esta figura judicial ayudaría a desmontar esas críticas, pues permitiría demostrar que cada extranjero ha sido escuchado por una autoridad competente y se le ha dado la oportunidad de defenderse, lo cual hoy no ocurre sistemáticamente, dejando al país muy mal parado frente a la comunidad internacional.
Un caso reciente ha sacudido la opinión pública y la comunidad internacional: la muerte de una ciudadana estadounidense que estuvo retenida en el Vacacional de Haina por aproximadamente 60 días antes de fallecer. Según informes de la Dirección General de Migración, la mujer estuvo detenida desde finales de abril hasta su muerte a finales de junio, sin haber visto a un juez, abogado, ni recibido una decisión formal sobre su estatus. Esta situación constituye una forma de detención arbitraria e inconstitucional que como sociedad debemos corregir con urgencia.
Este caso marca un antes y un después. El Estado dominicano, junto al Poder Legislativo, debe considerar seriamente la creación del Juez de las Deportaciones como una figura que proteja derechos, brinde mayor legitimidad al proceso migratorio y refuerce el sistema de justicia.
Una democracia tan sólida como la dominicana no puede permitirse empañar su imagen por no garantizar el debido proceso de ley. Al respetar los derechos humanos, también fortalecemos nuestra soberanía y nuestra institucionalidad.
