Por J. Luis Rojas
lrojas50@hotmail.com
El estudio advierte sobre el poder creciente de actores financieros privados en la arquitectura de la deuda nacional.
Los investigadores y docentes universitarios Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD y la Fundación Juan Bosch, realizaron el estudio titulado Radiografía a la Deuda Pública, en el que responden las interrogantes: ¿cuánto pagamos?, ¿cuánto debemos?, ¿quiénes ganan?
En la presentación del estudio se describe una relación simbiótica entre el Estado y el endeudamiento que ha perdurado por décadas, trascendiendo colores partidarios y ciclos electorales. Esta relación ha servido para apalancar un modelo de generación y acumulación de riquezas, someter al Estado nacional a intereses particulares y foráneos, beneficiar con privilegios a sectores específicos y favorecer a ciertos actores del crecimiento económico por encima de otros.
Los datos revelados en Radiografía a la Deuda Pública exponen una verdad incómoda: el servicio de intereses consume el 20 % del presupuesto nacional, superando en un 52 % los pagos de capital. Francisco y Matías se preguntan: ¿de qué sirve el crecimiento si cada año se destinan más recursos a financiar el pasado que a construir el presente y el futuro?
Los autores manifiestan su preocupación por una transformación silenciosa pero radical en la arquitectura financiera de la deuda durante los últimos quince años. Señalan que los acreedores privados pasaron de representar el 18 % al 76 % de la deuda externa, y que la totalidad de la deuda interna se encuentra en bonos.
El análisis también revela un patrón alarmante de concentración, en el que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los bancos locales se han convertido en los principales actores de la deuda pública interna. Esta situación genera un desequilibrio de poder que cuestiona la soberanía y la autonomía institucional para preservar derechos y orientar políticas públicas. Además, representa un riesgo sistémico: problemas en estas instituciones podrían desencadenar una crisis generalizada en lo económico, lo social y lo político.
El monto de la deuda
Según los datos proporcionados por Tavárez y Bosch, en 2024 el servicio de la deuda ascendió a RD$406,158.6 millones, superando cualquier otro rubro del presupuesto general de ese año. Solo en el pago de intereses se consumieron RD$257,801.3 millones, cifra cercana al presupuesto del Ministerio de Educación, que fue de RD$297,041.5 millones.
Respecto a la Necesidad Bruta de Financiamiento (NBF), que corresponde al monto total que el gobierno debe conseguir en el año para cubrir el déficit primario, el estudio destaca que esta ha crecido considerablemente, con una tasa promedio anual de 23.3 % entre 2003 y 2024. En ese contexto, se subraya que para cubrir el déficit financiero anual y las amortizaciones de deuda antigua, el gobierno tuvo que recurrir a deuda nueva por RD$328,750.3 millones.
Asimismo, se afirma que en el presupuesto general de 2025, la NBF se estimó en RD$350,990.4 millones, unos RD$22,240.1 millones más que en 2024. El 53.3 % del incremento se debió a mayores compromisos de pago de deudas anteriores (aplicaciones financieras), que pasarían de RD$98,297.8 millones a RD$110,162.0 millones en 2025.
Llama la atención de los investigadores que, para el presupuesto de 2026, el gobierno deberá cubrir una necesidad de financiamiento de RD$401,767.8 millones, lo que representa un aumento de RD$50,777.4 millones respecto a 2025. En este ámbito, se aprecia un deterioro continuo de las finanzas públicas y una presión creciente por pagar deudas viejas con nuevas, es decir, el fenómeno de roll over. Otro dato inquietante es que el 23.4 % del presupuesto de 2026 deberá ser cubierto con nuevos compromisos de deuda, y el 30.6 % de la NBF estará destinado al pago de deudas vencidas.
“La persistencia de déficit y aplicaciones financieras a lo largo de más de dos décadas (2003–2026) evidencia una realidad estructural: el Estado dominicano opera bajo un esquema de endeudamiento recurrente, donde cada año requiere nuevo financiamiento y, simultáneamente, destina recursos significativos al pago de deudas pasadas”, se reafirma en el estudio.
La deuda del sector público no financiero (SPNF)
Los autores puntualizan que la deuda del SPNF registró un crecimiento absoluto de US$17,864.5 millones durante el cuatrienio 2016–2020, inducido en parte por las restricciones presupuestarias derivadas de la pandemia de COVID-19. Además, resaltan que entre 2020 y agosto de 2025, la deuda creció en US$15,560.6 millones en términos nominales.
Para Tavárez y Bosch, la migración de la deuda externa hacia acreedores privados representa un arma de doble filo. Aunque podría interpretarse como signo de éxito económico y confianza internacional, introduce riesgos financieros significativos. Analizan que los criterios bajo los cuales se gestiona la deuda pública comprometen la soberanía nacional, ya que el endeudamiento condiciona las políticas internas y otorga a los acreedores control sobre una parte significativa del PIB, lo que les permite influir o desestabilizar decisiones estatales.
Endeudamiento externo y acreedores privados
El estudio establece que, en 2024, la deuda externa dominicana ascendió a US$40,740.0 millones, siendo los acreedores privados la principal fuente de financiamiento externo con US$30,995.7 millones. En contraste, la deuda multilateral y bilateral —denominada deuda oficial— fue de US$7,625.7 millones y US$2,118.6 millones, respectivamente.
La deuda con acreedores privados pasó de representar el 18.4 % del total en 2009 al 76.1 % en 2024, consolidándose como la principal fuente de financiamiento externo del Estado. En cuanto a la deuda multilateral, los investigadores la califican como una herramienta de control y condicionamiento de las políticas y la soberanía de los Estados por parte de los organismos financieros internacionales.
El principal acreedor multilateral de la República Dominicana en 2024 fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con US$4,208.3 millones, equivalente al 55.2 % del total de deuda multilateral. Le siguen el Banco Mundial con US$1,929.5 millones (25.3 %), la Corporación Andina de Fomento (CAF) con US$442.6 millones (5.8 %) y otros organismos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que sumaron acreencias por US$1,045.2 millones (13.7 %).
El poder de los acreedores privados: Bancos y AFP
El estudio recalca que la creciente incidencia de los acreedores privados en la deuda pública pone en riesgo la soberanía de los Estados. Este fenómeno ha sido impulsado por el uso de instrumentos como los bonos, mediante los cuales el Estado obtiene financiamiento a cambio de pagos periódicos y la devolución del capital al vencimiento.
Los hallazgos revelan el poder concentrado de los acreedores privados, especialmente AFP y bancos, que dominan el mercado de bonos emitidos por el sector público no financiero y financiero, con inversiones tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses.
Otro aspecto relevante es el endeudamiento público a través de bancos y AFP, que prestan al gobierno las cotizaciones de los afiliados conforme a la Ley 87-01. Esta práctica convierte los ahorros previsionales en instrumentos de negocio y lucro financiero, posicionando a estas entidades como actores de poder sobre el Estado y sus políticas públicas, especialmente en lo relativo al Sistema Dominicano de Seguridad Social, hoy regido por el lucro corporativo en lugar de la lógica de los derechos sociales.
El estudio concluye diciendo:
“Al tratarse de fondos de la seguridad social, existe un riesgo económico y social de que, ante una eventual crisis financiera, estos fondos se vean expuestos y se afecten las pensiones y cotizaciones acumuladas (como ya ocurrió en el primer trimestre de 2022). Más aún en un sistema de pensiones que opera bajo las reglas del mercado, sin garantía jurídica sobre montos ni tasas a asegurar a los cotizantes, y en el que, desde ya, se proyecta una tasa de reemplazo promedio inferior al 30 % de los ingresos laborales”.
Proporcionaría tranquilidad y certidumbre a la ciudadanía dominicana saber que los funcionarios públicos con incidencia en el manejo de la deuda nacional dedicaran parte de su tiempo a leer y analizar los hallazgos del estudio Radiografía a la Deuda Pública, elaborado por los investigadores Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro. Es imperativo evitar que los acreedores, tanto nacionales como extranjeros, lleguen a ejercer un control absoluto sobre el Estado dominicano.